ASTIC ha reaccionado ante la propuesta de nuevas tasas por el uso de infraestructuras francesas.
ASTIC, la patronal del transporte, señala la incoherencia del Gobierno francés que se erigió no hace mucho como adalid en la defensa del transporte por carretera promoviendo la Alianza por la Carretera y que ahora está preparando nuevas cargas fiscales y tasas por uso con el supuesto fin de mejorar la financiación de las infraestructuras del país y bajo el pretexto de que los transportistas por carretera no cubren sus costes externos.
Elisabeth Borne, la ministra de transportes, en un reciente encuentro con las asociaciones de transporte por carretera de Francia, confirmó que prepara esas dos nuevas iniciativas recaudatorias. Medidas que afectarían a todos los transportistas y no únicamente a los extranjeros como al inicio de las negociaciones se planteaba.
La Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) tilda estos nuevos impuestos de injustos e incoherentes ya que, según declaraciones de su director general, Ramón Valdivia, “es injusto hacernos pagar más aún, está demostrado que los usuarios de la carretera solo por la vía de los impuestos sobre los hidrocarburos cubren con mucho margen los costes externos derivados de su actividad. Ya pagamos en exceso y aún más en un país como Francia donde es prácticamente impensable para nuestros camiones escapar a los peajes de su red de carreteras que, además están entre los más caros de Europa”. “Durante meses desde París, se ha solicitado la adhesión de España a la Alianza por la Carretera, promovida por el Ejecutivo galo, con el supuesto fin de proteger y potenciar este modo de transporte en los países más desarrollados de la UE y ahora nos encontramos, de nuevo, con medidas unilaterales que no tienen en cuenta al resto de socios de la UE, en especial a nosotros que obligatoriamente hemos de atravesar su territorio para la inmensa mayoría de las operaciones de transporte internacional que realizamos”, añade Valdivia.
ASTIC, además, insta a la administración española a requerir actuaciones efectivas de la Comisión Europea contra medidas unilaterales de este tipo que afectan directamente a los más de 15.000 vehículos de transporte de mercancías que cruzan diariamente la frontera franco-española.
