Más de la mitad de las empresas españolas se ven obligadas a alargar los plazos de cobro.
Según indica el último Informe de Pagos por Sectores de Intrum Justitia, el 52% de las empresas españolas que pertenecen al sector del transporte y almacenamiento tienen que determinar plazos de cobro más largos de los establecidos principalmente. La principal causa serían las dificultades financieras de los deudores, algo que afecta al 70% de las empresas participantes en el estudio. Otros aspectos también importantes son la ineficiencia de los departamentos de Administración (un 48%) y las discrepancias en torno al servicio ofrecido (30%).
Debido a estos retrasos en los pagos, las consecuencias pueden perjudicar a las corporaciones. El 65% de las empresas cree que el impacto en su liquidez puede ser medio-alto. El mismo porcentaje de empresas también considera que el riesgo de pérdidas directas puede ser medio-alto. Estas valoraciones superan de manera muy superior lo registrado en el promedio europeo. Pero en datos reales, ya se confirma que este sector ha registrado un 1,3% de pérdidas por impagos.
Un 30% de las compañías asegura que si cobraran antes, tendrían la capacidad de ampliar sus plantillas. Esto resalta el concepto de morosidad que está presente en el sector. El 61% de las empresas encuestadas señala las cargas adicionales en concepto de interés, un 34% apunta la imposibilidad de contratar a nuevos profesionales y el 30%, la falta de oportunidades para crecer. Al cobrar más tarde, se ven obligadas a retrasar sus propios pagos. Un círculo que se confirma por ellas mismas, ya que el 83% reconoce haber efectuado con retraso algunas de las facturas.
¿Soluciones? El 48% de las compañías se protegen con seguros crediticios y el cobro inmediato. Con un 43%, está la verificación crediticia, un 39% el pago por adelantado y las garantías bancarias con un 35%. Medidas que las compañías llevan a cabo para protegerse del impago y la morosidad, ya que el 9% de ellas la evita con contratos de factoraje.
