Como ya se conoció hace poco, el conseller de Territorio en Cataluña Josep Rull anunció que a partir de enero de 2018 ya se desviarán los camiones hasta la AP-7 para evitar la N-340, concretamente el tramo entre Peñíscola (Castellón) y l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona).
Es un tema que ya lleva tiempo discutiéndose y parece ser que las alternativas para los transportistas no han ido a mejor. En 2012, la administración se comprometió a mejorar la rentabilidad de las empresas de transporte, pero dicho objetivo no se ha llevado a cabo. Tal y como manifiestan las entidades agrupadas del transporte de mercancías en CETCAT y COT, hubo falta de diálogo y, sobretodo, de resultados. El Director de la Federación Empresarial Autotransporte de Tarragona (FEAT), José Luís Aymat, ha dejado clara su postura y la de todos los afectados: «No estamos de acuerdo en que se obligue a los camiones a utilizar la autopista a menos que ese tramo -que estamos obligados, por lo que no es una cuestión voluntaria- sea gratuito».
Los afectados
Antoni Valldosera, transportista de Tarragona y socio de la FEAT, es uno de los grandes perjudicados por este cambio de ruta y ha mostrado su posición frente a esta decisión. «Si resulta que por el resto de España se puede circular por las autovías gratis, y aquí resulta que si queremos ir por una autovía, tenemos que coger un peaje, pues estamos radicalmente en contra». Como muchos opinan, la AP-7 ya hace años que está amortizada y que el peaje ya tendrían que haberlo quitado. A pesar de todo, Valldosera señala que lanzando los camiones a ir solo por la AP-7 no solucionará el problema. «Esto no hará que ganes en seguridad. Si ya tienes la Nacional colapsada de camiones, y sabiendo cómo va la autopista y pones a todos los camiones allí, lo que harás es colapsar la autopista».
Siempre se han quejado de lo obsoleta que está la Nacional y que ya hace tiempo que debería ser una autovía, pero por parte de la Generalitat no ha habido movimiento. Como complicaciones adicionales, ahora para circular por la N-340 están las glorietas y 50 km de línea continua. Esto provoca aún más colapsos y la solución de la Generalitat es hacer que los camiones circulen obligatoriamente por la AP-7. Hecho que no sucede en el tramo de Zaragoza hacia Fraga, ejemplo que nos comentó Valldosera. «Por la zona de Zaragoza se puede escoger si ir por la N-2 o por la AP-2. Es opcional, pero si escoges ir por la AP-2, te aplican un descuento del 75%. ¿Por qué no lo hacen igual aquí?», se pregunta. Como transportista, cree que esta opción debería aplicarse en Cataluña también. «Primero, si quieren que vayamos por la autopista, no tiene que ser obligatorio, tiene que ser opcional. Segundo, si vamos por la AP-7, que sea gratuita o que todos tengamos el mismo descuento», apuntó.
El ejemplo de lo que ocurre en Zaragoza es uno de los numerosos casos que hay en España. Como bien nos ha explicado el señor Aymat, en otras Comunidades como La Rioja, llegaron a un acuerdo y han conseguido que se aplique un 75% de descuento. «Pedíamos el tramo paralelo totalmente gratuito a la N-340. En última instancia, en el peor de los casos, demandamos que las bonificaciones sean del mismo alcance que en otros tramos del territorio español. Exigimos estar al mismo nivel», pide el director.
Falta de inversión
Sin duda, todo apunta a una gran falta de inversión en estas carreteras que tanto tráfico albergan. Carreteras como la Nacional II en Girona, la N-340 o la N-240 son uno de los ejemplos en los cuales no ha habido inversión y los problemas han ido in crescendo. El repunte del transporte de mercancías en estas vías y su complicada circulación ha provocado bastantes accidentes, es decir, ha aumentado la siniestralidad en estas vías. En vez de invertir en la mejora de estas carreteras, la Generalitat ha optado por la solución más fácil. «Solución» que perjudica al sector del transporte y les añade costes por haber de cruzar obligatoriamente la autopista. Aymat considera que han sido «criminalizados» y «señalados como los culpables de la situación», algo que no debería ser así.
«Creemos que si esas mismas administraciones tienen que tomar medidas extraordinarias como prohibir el paso de los camiones también deberían hacerse responsable del coste y no imponer un impuesto obligado», considera el director de la FEAT. Exige que este sobrecoste no debería ser responsabilidad del sector y se queja de la innecesaria obligación de circular por la AP-7. «Si saliera a cuenta, los transportistas pasarían voluntariamente, no haría falta prohibir su paso. Así que estos argumentos no nos valen», añade.
¿En qué manera afectará este sobrecoste? José Luís Aymat lo explica en un claro ejemplo. «No es lo mismo sumar 14€ a una ruta internacional hacia Frankfurt de 2.000 euros que a un viaje hasta Barcelona. Con este impuesto obligado, este sobrecoste, el trayecto aumenta un 10%», explica el director de la FEAT. El caso es que se trata de un «sobrecoste forzado» que afectará sobre todo al transporte local. Además, como ya había comentado anteriormente el transportista Valldosera, la autopista se verá sobrecargada y los servicios de la vía rápida se verán afectados. «Muchos usuarios (no transportistas) utilizarán las bonificaciones del trayecto ida-vuelta en el mismo día. Para la concesionaria, perfecto, pero para los usuarios no será tan bueno por las condiciones de seguridad».
Protestas
Han sido numerosas las manifestaciones que han realizado los transportistas, cortando tanto la Nacional como la autopista. Hace un año, se desencadenaron protestas frente la zona de peaje de la AP-7 donde se quejaron se la situación que, al final, se llevará a cabo. No obstante, no solo se manifestaron los pertenecientes al sector del transporte, sino que también participaron algunos Ayuntamientos de pueblos que sufren el colapso de los tramos de la N-340 sin desdoblar. La asociación está a la espera de qué puede suceder a partir del 1 de enero. Sin embargo, a pesar de haberse reunido también muchísimas veces con la Generalitat para llegar a un acuerdo, Valldosera asegura que «nunca han dialogado. Aunque la Generalitat venda que hay un consenso, no lo hay». El Director de la FEAT, frente a la decisión tomada, comenta que seguirán con las negociaciones y con las esperanzas puestas en alguna solución al problema. «Los resultados de las negociaciones no serán inminentes pero esperamos que vaya madurando antes de que se apruebe el presupuesto del Estado».
A todo esto, Valldosera no ha querido dejar de lado otro problema que les afecta: la Euroviñeta. Para definirla, sería como una «tarifa plana» por el uso de las vías catalanas, ya que muchas concesiones vencerán pronto. Se pretende que los conductores paguen un importe por kilómetro recorrido, que como él mismo describe, es una «normativa disfrazada por contaminar». Método que no se acaba de comprender porque en los carburantes ya existe un impuesto -bastante alto- que va destinado al mantenimiento de infraestructuras. Con estos datos, la duda es… ¿por qué hay que aplicar la Euroviñeta o los peajes en las autopistas si ya se paga este impuesto para dicho mantenimiento? No hay duda de que el conflicto está más que vivo y que no todo acabará el 1 de enero de 2018. Hasta entonces, queda esperar para saber qué ocurrirá y que el diálogo dé sus frutos.
