Los transportistas consideran que se les atribuye la «responsabilidad» de la accidentalidad en las carreteras.
El pasado mes de Diciembre entró en vigor la prohibición de circulación de los camiones por las carreteras nacionales N-232 y N-124 a su paso por La Rioja. Fue la primera iniciativa, consensuada entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de La Rioja. Una medida que obligaba a los transportistas circular por la autopista AP-68, de peaje.
A todo esto, parece ser que el Gobierno español tiene previstos más desvíos en otras Comunidades Autónomas, como Castilla – León, Galicia o Catalunya. De este modo, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) y otras asociaciones de transportistas recurrirán judicialmente estas medidas, ya que creen que se ha vulnerado su compromiso con el sector. Los desvíos de camiones hacia las autopistas tenían que ser voluntarios y aplicando bonificaciones para los transportistas que lo hicieran, pero no de manera obligada.
Consideran que los argumentos del Gobierno, como el de reducir la siniestralidad y descongestionar las carreteras, les atribuye injustamente a ellos la «responsabilidad» de la accidentalidad en carretera, algo que no se ajusta a la realidad. Según datos de la DGT, en 2017 precisamente los vehículos de transporte de mercancías redujeron su siniestralidad. El Comité Nacional de Transporte por Carretera quiere reunirse urgentemente para tratar las posibles nuevas iniciativas y que las decisiones finales se consulten antes con las organizaciones nacionales representativas del sector.
